Moda y Obsolescencia Programada: la Simbiosis Consumista

Moda y Obsolescencia

“Quien crea que un crecimiento infinito es compatible con un planeta finito está loco o es economista”, sentencia Serge Latouche. Este economista francés defensor de las teorías del decrecimiento se desmarca así de aquellos colegas que defienden la sociedad de consumo y el crecimiento económico como motores para el desarrollo.

La sociedad de consumo, tal como se caracteriza hoy en día, no hubiera sido posible sin la concepción del mecanismo que pone a la rueda comercial a funcionar a gran velocidad: la obsolescencia programada. Esta noción fue introducida en 1932 por Bernard London, quien proponía terminar con la Gran Depresión mediante una ley que obligara a los fabricantes a establecer una fecha de caducidad luego de la cual los consumidores deberían cambiar el producto por uno nuevo o pagar una multa para mantener su uso. La norma nunca llegó a dictarse, pero la idea siguió debatiéndose, y en 1954 adquirió popularidad definitiva a través de Brooke Stevens, cofundador de la Sociedad de Diseñadores Industriales de América, quien definió obsolescencia planificada como “la instalación en el comprador del deseo de poseer algo ligeramente más nuevo, ligeramente mejor, un poco antes de lo necesario”.

Latouche distingue tres tipos de obsolescencia. En primer lugar, la obsolescencia técnica, que hace incompatible al producto con las nuevas demandas del entorno; en segundo lugar, la obsolescencia percibida, inducida por la publicidad y el marketing para enaltecer socialmente la posesión de últimos modelos; y por último, la obsolescencia programada, a través de la cual el fabricante planifica la vida útil del producto en la fase de diseño con el objetivo de que deje de funcionar y deba ser reemplazado por uno nuevo (la reparación o el reemplazo de piezas, si se venden, resulta más costoso que adquirir una nueva unidad del producto). Así, la incompatibilidad técnica, la moda y el acortamiento intencional de la vida útil “funcionan en simbiosis” para que el ciclo de consumo se cierre y vuelva a empezar.

Entre los ejemplos más señalados de obsolescencia programada se encuentra la bombilla o foco, cuya vida útil fue limitada a 1.000 horas por un cártel de fabricantes desde 1924; las medias de nailon, que en sus inicios eran prácticamente irrompibles hasta que el laboratorio DuPont resolvió fabricarlas en una presentación frágil para contrarrestar la baja en ventas; las impresoras, que contienen un chip limitador que las inhabilita luego de un determinado número de páginas; los automóviles, con cajas de cambios programadas para 250.000 kilómetros de uso o frenos que demandan el reemplazo del grupo hidráulico completo luego de un ciclo; los lavarropas aptos hasta 1.500 lavados; los televisores de 20.000 horas de proyección y cualquier producto tecnológico que utilice baterías.

¿Es posible sostener un crecimiento infinito con base en la sociedad de consumo y en su ‘acelerador’, la obsolescencia programada, con recursos finitos? ¿Es ético fabricar productos para que se rompan y no para que duren? ¿Qué tratamiento reciben una vez que abandonan el circuito de consumo?

Asociaciones de consumidores y grupos ecologistas llevan años criticando estas prácticas productivas y comerciales, y articulando acciones para combatirlas. En marzo de 2013, un grupo francés ha elevado al Senado una propuesta de ley para exigir a los fabricantes el incremento de la duración media de una lista de productos. Complementariamente, solicitan el etiquetado del artículo con la información de ese plazo estimado y la extensión de una garantía total por el período correspondiente. El razonamiento que sustenta esta medida es que las compañías tendrían incentivos para alargar la vida útil de sus productos ante la inviabilidad de cambiarlos gratuitamente durante el término de garantía. De acuerdo al texto, ningún producto podría durar menos de cinco años, y se impondría a los fabricantes garantizar la producción y comercialización de piezas de recambio, así como proveer servicio de reparación para casos de reclamo.

Lobistas industriales opositores han señalado que estas medidas significarían un freno comercial con efectos negativos sobre el consumo interno y la exportación, que resentirían la crisis económica europea. Economistas afines a la ley, por su parte, consideran que nuevos puestos de trabajo se generarían por el aumento de talleres de reparación y tiendas de venta de repuestos. Asimismo, estudios económicos proyectan un aumento del poder de compra de los consumidores para destinar a otras necesidades si se prohibiese la obsolescencia programada.

Este tipo de iniciativas, junto a muchas otras, son el resultado de un mayor nivel de reflexión sobre nuestro estilo de vida y la consecuente búsqueda de alternativas, propio de un contexto internacional caracterizado por una profunda crisis económica. Proteger el medio ambiente y el bolsillo de los consumidores es, para muchos, ‘sentido común’. Esta humanización de la economía es requisito fundamental para pensar un desarrollo más justo e igualitario, donde lo necesario para disfrutar de una ‘buena vida’ pueda consistir en aspirar, materialmente, sólo a aquello que de verdad necesitamos.

Sobre el Autor: Agustín Calvo Castilla

Agustín CALVO CASTILLA // Director de Proyectos APRONAD Costa Rica desde 2011 // Economista. Coordinador y director de proyectos. Consultor económico, especialista en mercadeo y comunicación política. Impulsor de programas de reciclaje, proyectos socioproductivos y negocios inclusivos en Argentina y Costa Rica.

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